La Ley Karin exige que el protocolo incluya medidas para informar y capacitar adecuadamente a las personas trabajadoras sobre los riesgos, las medidas de prevención y protección, y los derechos y responsabilidades de trabajadores y empleador.
Entregar el protocolo por correo no agota por sí solo el deber preventivo. Sin capacitación, la empresa queda expuesta a respuestas tardías: jefaturas que no saben dónde derivar una denuncia, medidas de resguardo improvisadas o pérdida de la reserva. Ante una fiscalización también puede resultar difícil acreditar que las medidas fueron realmente implementadas.
La capacitación debería dejar evidencia: programa, participantes, fecha, contenidos y una actividad que permita comprobar comprensión. Conviene capacitar a todo el equipo sobre prevención y canales, y preparar adicionalmente a quienes recibirán denuncias o participarán en investigaciones.
Las consecuencias concretas dependen de los hechos y de la fiscalización. Fuente oficial: artículo 211-A del Código del Trabajo, incorporado por la Ley N.° 21.643. Información general; no reemplaza asesoría jurídica.
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